Exministra argentina sobre violencia institucional: “No es mano dura, es homicidio”
Un fallo ejemplar contra policías que asesinaron a un menor de edad “por odio racial” pone límites a la violencia institucional e interpela a los discursos de “mano dura”. En otro orden, los campesinos de Colombia se ven beneficiados por una reforma en la Constitución Política.
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La Justicia condenó a prisión perpetua a tres policías de la Ciudad de Buenos Aires y dio penas de entre cuatro y ocho años a otros seis efectivos por el asesinato de Lucas González, de 17 años, en noviembre de 2021 cuando circulaba en su auto al regresar de un entrenamiento en el club de fútbol Barracas Central.
Hablamos en Cara o Ceca con Sabina Frederic, exministra de Seguridad de la Nación [2019-2021] quien afirmó que “este es un hecho que no se ve en Argentina hace mucho, por la cantidad de policías involucrados en el homicidio y los que lo encubrieron. Está muy bien que la justicia haya avanzado y no haya habido excepcionalidades”.
“La Justicia debería haber ordenado medidas al Gobierno de la Ciudad para prevenir estos casos. No hay un programa de uso racional de la fuerza, por ejemplo: hemos visto muchas circunstancias que no terminan con un joven asesinado, pero que muestran los niveles de violencia, agresividad y falta de profesionalismo de la policía de la ciudad”.
Frederic dio una cuota de responsabilidad a los discursos punitivistas y de ‘gatillo fácil’ a la proliferación de casos de violencia institucional. “Esto no es mano dura, es homicidio. Una cosa es hacer cumplir la ley y otra, ser asesino. Hay comentarios irresponsables de dirigentes políticos que crean un clima que alienta a quienes están al borde de la violencia”, sentenció.
Más derechos para el campesinado colombiano
Gustavo Petro avanza con sus reformas en Colombia y uno de sus ejes es la reivindicación del campesinado así como también una eventual reforma agraria. Recientemente, el Congreso aprobó un proyecto de ley que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y especial protección.
En comunicación con el senador del Pacto Histórico, Robert Daza, analizamos las repercusiones de esta medida en favor de la población rural.
“Las comunidades campesinas celebran que se las reconozca en la Constitución. Esto significa que se crearán políticas públicas para amparar sus derechos y se crearán dependencias que atiendan directamente sus necesidades: la educación y salud dignas, y la inversión en infraestructura para caminos son algunas de las demandas concretas”, indicó el senador.
A propósito de la reforma agraria, Daza sostuvo que “Colombia tiene mucha desigualdad en términos de tierra. El campesinado no llega al 5% de la propiedad de campos productivos. Hay cuatro millones de hectáreas de grandes industrias que fueron apropiadas por el paramilitarismo. Esto debe cambiar en función del proyecto de soberanía alimentaria”.