El Gobierno empezó a trabajar en el paquete electoral que buscará implementar en el 2025
Tras la sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal, que acapararon la discusión parlamentaria en este primer semestre del año, y en medio de la turbulencia del programa económico evidenciada en estas horas por una negativa reacción de los mercados al anuncio del viernes, el Gobierno empezó a trabajar este lunes en el “paquete electoral” que la Casa Rosada apunta a enviar al Congreso después del receso de invierno, urgido por los tiempos que demandan la preparación de la logística de las elecciones de medio término del próximo año.
El domingo, en el inicio de lo que Javier Milei definió como la “fase 2″ de su programa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hizo un balance post sanción de la ley de bases y confirmó lo que, semanas atrás, había adelantado este medio: la decisión de avanzar, e intentar consensuar con los aliados, una serie de reformas en materia política y electoral en el tercer trimestre del año.
El puntapié inicial de esa iniciativa tuvo su primera cumbre ayer a media mañana en el primer piso de Casa Rosada: María Ibarzabal Murphy, la principal espada legal del Ejecutivo, cercanísima a Santiago Caputo, cada vez más influyente como su consultor amigo, encabezó un encuentro con menos de media docena de funcionarios de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior para empezar a darle forma al paquete integral que quieren remitir al Parlamento lo antes posible. Fuentes oficiales explicaron, de todos modos, que eso sería recién dentro de aproximadamente un mes y medio, cuando los legisladores ya hayan vuelto a la rutina a tiempo completo, tras el receso invernal.
“Fue una primera reunión para empezar a puntear qué vamos a incluir”, explicaron fuentes oficiales. Confirmaron que Ibarzabal Murphy, la secretaria de Planeamiento Estratégico, fue quien lideró el encuentro. El oficialismo pretende incluir en esa batería de iniciativas la Boleta Única Papel -ya tiene media sanción en la Cámara baja y un dictamen firmado en el Senado-, la eliminación de las elecciones primarias y modificaciones en el sistema de financiamiento de las campañas, entre otras iniciativas que formarán parte de un solo paquete integral.
Tras la aprobación de la Ley Bases, Miguel Ángel Pichetto, un legislador clave en este primer semestre, que preside la bancada Hacemos Coalición Federal, pidió leyes más específicas, y no megaproyectos como el que recién tuvo el visto bueno del Congreso la semana pasada. Milei ya anunció el envío de la “Ley de Hojarasca” que tiene en Federico Sturzenegger, que se prepara para desembarcar esta semana como ministro, a su principal creador.
Las fuentes consultadas sí reconocieron que, por la complejidad de la logística electoral, los cambios en en materia electoral deberían ser aprobados antes de noviembre para que lleguen a implementarse en las elecciones del 2025. Si no, podrían quedar directamente para las presidenciales del 2027. “Hay procesos licitatorios para la impresión de boletas o la compra de urnas que empiezan en octubre o en noviembre de este año”, resaltaron.
El semestre que consumió la discusión en torno a la Ley Bases y el paquete fiscal, que tuvo en sus primeros meses una altísima cuota de inexperiencia por parte del Ejecutivo, no ofrece un buen antecedente para las pretensiones del oficialismo. Más aún en un rubro en el que, puertas adentro de los diferentes espacios políticos, se presentan diferentes posiciones.
Según trascendió, en el inicio de la reunión de este lunes se hizo mención a la información que circuló el fin de semana, y que el domingo sorprendió en la tapa de un matutino, de bajar a 13 años la edad inicial -actualmente es a partir de los 16- para poder votar de manera optativa. Las fuentes coincidieron, sin embargo, en que ese hipotético plan fue descartado de plano. Es más: nadie tiene muy en claro quién o quiénes sugirieron esa posible modificación. Y si fue un globo de ensayo para testear la respuesta del sistema político. La información llamó la atención de un sector de la oposición y los aliados que, en principio, reaccionaron de manera negativa.
Por el contrario, el Gobierno sí prevé avanzar en la eliminación de las primarias, aún a sabiendas de la resistencia que puede suscitar ese rubro en la oposición peronista e incluso en los bloques dialoguistas. “La idea es ir a fondo, después hay tiempo para retroceder o negociar”, abundaron las fuentes.
Es que con el alto nivel de atomización que presenta el sistema político, y las disputas que se plantean de cara al año próximo, las elecciones internas ofrecen en ese contexto una herramienta indispensable para ordenar la oferta. En su momento, Mauricio Macri había intentado suprimir las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), e incluso Marcos Peña, por entonces jefe de Gabinete, avaló un proyecto de ley en ese sentido. Al final, por la falta de consenso con los socios del radicalismo, quedó archivado.
Hace algunas semanas, por caso, la Coalición Cívica presentó en la Cámara baja un proyecto de ley que propone que las PASO, impulsadas por el kirchnerismo en el 2009, pierdan su obligatoriedad. Es decir, un paso intermedio frente al planteo de eliminación de las internas que pretende llevar el Gobierno al Congreso.
“Todas las agrupaciones políticas podrán seleccionar sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias, en forma simultánea, en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo y con voto secreto. Quedan excluidas de participar en dichas elecciones aquellas agrupaciones políticas que presentaren una sola lista”, propuso la CC en el texto que lleva las firmas de los diputados Juan Manuel López -jefe del bloque-, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, entre otros.
La Libertad Avanza está al tanto de la presentación de dicho proyecto.
En el caso de la boleta única papel, Diputados ya le dio media sanción, en junio del 2022, a un proyecto impulsado por Silvia Lospennato que contó con la colaboración no solo del PRO y la UCR, si no también de legisladores del interior del peronismo no kirchnerista. Se tomaron los modelos de boleta de Córdoba y Santa Fe. En enero de este año, el Senado le dio a esa media sanción dictamen de comisión con la firma de una docena de senadores de La Libertad Avanza, del PRO, de la UCR y también del PJ. Entre ellos, Pablo Blanco y Maximiliano Abad (UCR); Guadalupe Tagliaferri (PRO); Edgardo Kueider (PJ), y Natalia Gadano, de la Alianza por Santa Cruz. Estos dos últimos apoyaron al Gobierno en la discusión por la Ley Bases. En el caso de Kueider, el gobernador Rogelio Frigerio aseguró en la previa de la aprobación general de la Cámara alta que había conversado con el senador. En el PJ entrerriano aseguran que el legislador ya tejió un vínculo cercano con el mandatario provincial. Entre Ríos debe renovar en el 2025 los tres senadores.
Entre los puntos que sobrevolaron la cumbre de este lunes figuró además la modificación que el Gobierno quiere plantear alrededor del financiamiento de las campañas: el oficialismo quiere eliminar todos los topes, es decir, que no haya límite para los aportes jurídicos o físicos. Un punto sensible porque, según algunos especialistas, podría abrir la puerta a un sistema aún más opaco que el actual.
Fuentes oficiales abundaron a Infobae en que, en paralelo a las reuniones internas, el Gobierno podría convocar próximamente a legisladores aliados para tratar de empezar a consensuar parte del paquete. Algo ya había insinuado semanas atrás en las reuniones en medio de los encuentros por la Ley Bases, con aquellos diputados que en estos años siguieron estos temas vinculados con la agenda electoral.
Es que, más allá de la coyuntura económica y de lo incierto del programa de Gobierno, tanto en el oficialismo como en la oposición ya se trazan posibles escenarios electorales de cara al 2025. En el caso de La Libertad Avanza, con una particularidad: la elección legislativa exhibirá hasta dónde Milei está dispuesto a fusionarse, como planteó el domingo por la noche en el reportaje que le concedió a TN, con el PRO.
En esa entrevista con el periodista Franco Mercuriali, el presidente les agradeció a los diputados que, según él, colaboraron para la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal. Mencionó a Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Fernando Iglesias, Hernán Lombardi y Lospennato. Resaltó, además, que hace unas dos semanas no conversaba con Mauricio Macri: según se excusó, por sus constantes viajes al exterior.
Todos esos diputados, con matices, tienen cada vez más coincidencias con el Ejecutivo. Algunos de ellos las publicitan casi con desesperación desde sus redes. Es lo que intenta impedir Macri, en su puja interna con la ministra Patricia Bullrich, para evitar que LLA fagocite definitivamente al PRO. Los legisladores, de todos modos, oscilan en su relación con el Gobierno. Ritondo, por ejemplo, está furioso con la decisión de Bullrich de echar y denunciar públicamente en la Oficina Anticorrupción a Vicente Ventura Barreiro, ex secretario de Seguridad, del riñón del jefe de bloque del PRO en Diputados, por interferir supuestamente en una licitación del Servicio Penitenciario Federal.
Vidal es otro caso fluctuante: como presidenta de la Fundación Pensar, la diputada y Macri firmaron ayer un informe de ese think tank con críticas al rumbo del Gobierno. Lombardi es otro de los ejemplos. La semana pasada se reunió con Cristian Larsen, un funcionario que trabajó con él, ahora cercano a Karina Milei, en un conocido hotel cercano al Congreso, sobre la avenida Callao. El diputado por Buenos Aires quiere tener injerencia en la agenda vinculada a Marca País que tiene bajo su órbita la decisiva secretaria General de la Presidencia.
La provincia de Buenos Aires será el próximo año el principal terreno de disputa en el que el Gobierno pretende afianzarse. Milei ya dijo públicamente, y provocó fastidio en el macrismo, que su candidato en ese distrito es José Luis Espert, que este sábado, en Morón, hará su debut provincial en el 2024 de la mano de la hermana del presidente. Desde el PRO siguen de cerca ese tipo de movimientos. Las reformas que puedan llegar a implementarse en materia electoral pueden tener un impacto directo.